Con su salida el CCPRED queda con menos de la mitad de sus integrantes.
Un consejero ciudadano más presentó su renuncia al Consejo
Ciudadano para Prevenir la Discriminación.
Se trata de Jesús Rubén Gerardo Navarro, quien hasta el día de hoy se desempeñó como una de las once personas que integraban el CCPRED 2018-2020.
En el documento entregado en la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Sonora, el ex consejero argumentó que su renuncia se debe a la
imposibilidad de generar un impacto positivo en materia de discriminación, a
través del CCPRED.
Carecer de recursos económicos, jurídicos,
infraestructurales, humanos y apoyos es un reto demasiado grande, afirma.
Por tal razón, no hay sentido en continuar siendo parte de
una simulación que no le beneficia a nadie. “Expreso mi profunda admiración por
quienes, desde el activismo, son resistencia y lucha en contra de la
discriminación. Mi experiencia en CCPRED reafirmó una lección de vida que me
obliga a reconocerles su esfuerzo”, escribió.
Rubén Gerardo tomó posesión del cargo honorífico el 19 de
octubre de 2018, por lo que perteneció a la segunda promoción del Consejo
Ciudadano para Prevenir la Discriminación, posición que desempeñó hasta el día
de hoy 18 de octubre de 2019.
Para dar a conocer las acciones que durante su primer año de gestión realizara el Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación 2018-2020, este día se presentó el informe de actividades ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Dirigido al presidente de la CEDH Lic. Pedro Gabriel González Avilés, las y los integrantes del CCPRED acudieron a la institución para entregar el documento.
En sus siete páginas dan cuenta de la interacción que tuvieron con la CEDH así como con otras instituciones que de una u otra forma tienen relación con el combate a la discriminación en Sonora.
De igual forma incluyeron las actividades relacionadas con la organización interna del consejo, así como la participación de las comisiones de trabajo integradas al inicio de la gestión para abordar los diversos temas incluidos en su plan de trabajo anual.
Hermosillo, Sonora, 17 de octubre de 2019.- Por no contar con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y por causas personales renunciaron hoy cinco consejeras y consejeros del Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación (CCPRED).
Luego de entregar su informe de trabajo por el primer año de
actividades, cinco de los once integrantes
de ese órgano ciudadano entregaron su renuncia en las instalaciones de la CEDH.
En su informe el CCPRED expone las actividades que
realizaron a lo largo del primer año de gestión, pues tomaron protesta para un
ciclo de dos años.
Sin embargo, algunos de sus miembros consideran que ante la
falta de respaldo institucional es imposible continuar intentando llevar
adelante un programa de trabajo para prevenir actos de discriminación en
Sonora.
En el documento se da cuenta de cómo desde noviembre de 2018
se solicitó a la presidencia de la CEDH el apoyo para el impulso de la reforma a
la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado
de Sonora, ya que la legislación vigente y su reglamento mantiene al CCPRED sin
recursos económicos, humanos, y físicos para operar.
De igual forma se le pidió que en su solicitud de
presupuesto anual la CEDH incluyera una parte para el Consejo, organismo cuyos
integrantes trabajan en forma honoraria.
Sin embargo, no cuentan con algún lugar en donde reunirse,
no cuentan con mobiliario y equipo para trabajar, y mucho menos cuentan con
personal técnico que apoye las actividades del consejo, por lo que las
actividades administrativas deben realizarlas los propios integrantes.
Y es que la legislación en Sonora presenta una contradicción, ya que a pesar de ese hueco
patrimonial para el CCPRED, dentro de sus atribuciones cuenta con la recepción
de quejas de casos de posibles actos de discriminación, lo cual desde luego, no ha realizado.
La aparente facultad de investigar y emitir sanciones del
Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación en Sonora queda solo en la
letra, pues sin recursos es imposible darle curso a la tarea de atender los
casos.
Según la Ley para prevenir, combatir y eliminar actos de
discriminación en el Estado de Sonora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
debe integrar un órgano ciudadano de opinión y asesoría de las acciones,
políticas públicas, programas y proyectos que desarrollen en materia de
prevención de la discriminación, el cual se denomina Consejo Ciudadano para
Prevenir la Discriminación.
Los trabajos del Consejo son supervisados por la propia
comisión, y está integrado por once personas, representantes de los sectores
privado, social y de la comunidad académica, uno de ellos, por lo menos, debe
ser de extracción indígena.
La ley especifica que es un cargo honorífico, por lo que no
reciben retribución, sueldo o compensación alguna por su participación.
Las personas integrantes del Consejo ciudadano duran en su cargo dos años y podrán ser ratificados una sola vez por otro periodo bianual. Sin embargo, a un año de tomar protesta, cinco de los integrantes han decidido renunciar.
Quienes presentaron su renuncia hoy son: Martha Lucía Serna, Silvia Núñez Esquer, Gil Espinosa García, Natalia Rosales Yeomans y Sheila Hernández Alcaraz.
La comisión debe proveer al consejo de los recursos
necesarios para el desempeño de sus actividades, lo cual no se cumplió de acuerdo
a algunos de los consejeros.
En la norma se especifican quince actividades que para dar
cumplimiento a sus atribuciones, debería realizar el CCPRED, según el
reglamento de la Ley estatal.
Algunas de éstas son: Analizar y aprobar la propuesta del
Programa Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como de las
partidas y montos que deben considerarse en el presupuesto de egresos.
Proponer medidas para garantizar la correspondencia entre
las políticas federal, estatal y municipal en materia de discriminación.
Revisar los términos de los convenios de coordinación
celebrados entre el Ejecutivo del Estado, los ayuntamientos, así como son los
sectores social y privado en materia de discriminación a fin de proponer en su
caso, modificaciones. Analizar y proponer esquemas alternativos de
financiamiento para el programa, es otra de ellas.
Conocer las quejas por conductas presuntamente
discriminatorias, cometidas por particulares y/o actos de omisiones
administrativas por presuntas violaciones a derechos humanos de contenido
discriminatorio cometidos por autoridades y servidores públicos, estatales y
municipales en el ejercicio de sus funciones, es uno de los mandatos del
reglamento.
Establecer relaciones de coordinación con instituciones
públicas federales, estatales y municipales, así como con personas y organizaciones
sociales y privadas, con el propósito de que en los programas de gobierno se
prevean acciones afirmativas y compensatorias.
Como se aprecia en las disposiciones del reglamento de la
legislación que sustenta al Consejo, son actividades que requieren recursos
humanos y físicos para llevarlas a cabo.
El Consejo ciudadano para prevenir la discriminación anunció
en rueda de prensa realizada en marzo pasado su programa de trabajo anual, y
presentó su sitio web gratuito en donde hacen públicas actividades como reuniones, acuerdos,
legislación sobre discriminación, recursos sobre el tema, y pronunciamientos
sobre discriminación.
El Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación
2018-2020 estaba conformado por: Martha Lucía Serna Salazar (Presidenta),
Silvia Núñez Esquer (Secretaria Técnica), Sheila Guadalupe Hernández Alcaraz,
Jesús Rubén Gerardo Navarro, Héctor Vega Deloya, María Isabel Sandoval Sánchez,
Natalia Rosales Yeomans, Pedro Gómez López, Gil Espinosa García, Mariela Yrene
Vivas Ponce, y Juana Elba Félix Cejudo.
Tiene su sustento legal en la Ley 179 para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado de Sonora, y su reglamento.
Consulte los oficios de renuncia en la sección Documentos
A las y los diputados de la LXII legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora:
A la sociedad sonorense:
El Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación en el Estado de Sonora, felicita a la LXII legislatura, por dar un paso hacia la discusión de la iniciativa de reforma del Código de familia y del Código de procedimientos civiles, en la que, entre otros aspectos, elimina las disposiciones discriminatorias que sólo contemplan el matrimonio entre dos personas de distinto sexo.
Este Consejo ciudadano, cuyo objetivo es prevenir actos de discriminación, refrenda su interés en que en el Estado de Sonora avancemos hacia un marco jurídico incluyente, que garantice derechos y libertades para todas las personas por igual.
El matrimonio igualitario debe ser una realidad posible en sociedades democráticas como es la nuestra.
Aprobar la reforma, como esperamos suceda, nos permitiría avanzar en el camino hacia el ejercicio pleno de los derechos humanos de una población hasta ahora discriminada.
Estaremos muy pendientes del análisis, discusión y debate que se genere en torno al tema.
Con
fundamento en el artículo 13 del reglamento para Prevenir, Combatir y Eliminar
Actos de Discriminación en el Estado de Sonora, emitimos la presente
convocatoria a reunión Ordinaria del
Consejo Ciudadano para prevenir la Discriminación, a realizarse en las
instalaciones del Auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ubicada
en Blvd, Luis Encinas y Solidaridad, en
la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 25 de Abril a las 13:00 horas, con el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.-Pase
de lista
2.-Seguimiento
de las actividades del plan anual,
3.-Aportaciones
sobre el informe sobre discapacidad al consejo de la judicatura.
4.-Fortalecimiento
de las comisiones
5.-Aportaciones
sobre la armonización de la ley y el reglamento,
Hermosillo, Sonora, 11
de marzo de 2019.- El
Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación (CCPRED) presentó hoy su plan
de trabajo para el periodo 2018-2020.
Martha
Lucía Serna Salazar, presidenta del organismo ciudadano dio a conocer los
objetivos del CCPRED, entre los que se encuentra el realizar acciones para
promover la prevención de la discriminación en el Estado de Sonora, de acuerdo
a la Ley para prevenir y combatir actos de discriminación en el Estado de
Sonora.
El
CCPRED es un órgano ciudadano constituido por once personas, seleccionadas por
convocatoria abierta emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y
publicada en el Boletín
Oficial del 21 de mayo de 2018. Este colegiado tiene como función
promover el cumplimiento de la Ley
para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado de
Sonora, en materia de prevención de la discriminación.
El
sustento jurídico se encuentra en el Reglamento
de la Ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el
Estado de Sonora, Capítulo II, Artículo 8. Las y los integrantes del CCPRED
tomaron protesta el 19 de octubre de 2018, para un periodo de dos años.
La
vocera del CCPRED expuso que otros objetivos acordados son: presentar
iniciativas de reformas legislativas sobre educación, discapacidad, personas de
la tercera edad, y otras que el consejo ha identificado como discriminatorias.
Además, el CCPRED hará actividades de difusión para que la población conozca que
existe una legislación sobre discriminación en Sonora, pues ésta no ha sido
suficientemente difundida.
Abundó
en que un punto de preocupación es el informe sobre discapacidad en las entidades federativas realizado por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el cual Sonora sale como uno de los
más atrasados tanto en legislación, como en mecanismos para eliminar la discriminación
hacia la población discapacitada.
Por
otra parte la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 es
reveladora sobre las razones por las que se discrimina en México, destacando la
orientación sexual, edad, el género, y la pertenencia a alguna etnia.
El
reto para el CCPRED será el convencer que los órganos ciudadanos son necesarios
para complementar las acciones que desde los poderes del Estado se realicen,
pues prevenir la discriminación es tarea de todas y todos.
Es
por ello, que el Consejo ha iniciado un acercamiento con el Congreso del Estado
para sensibilizar sobre la necesidad de contar con un presupuesto propio, una
sede y herramientas que faciliten la tarea asignada por ley y su reglamento.
“Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia qué; por acción u omisión, con intención o sin ella; no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, impedir, anular o menoscabar el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y libertades cuando se base en uno o más de los motivos siguientes: origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad de género, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, la apariencia física, las características genéticas , la condición migratoria, el embarazo, la lengua, el idioma, las ideas políticas, los antecedentes penales, el lugar de residencia o cualquier otro motivo. También se entenderá como discriminación la racial, la homofobia, la misoginia, el antisemitismo, la xenofobia, así como otras formas conexas de intolerancia.”
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